El sábado previo a las elecciones generales, una manifestación, «ilegal e ilegítima», rodeaba la sede el PP en Madrid, dijo Rajoy: «imputando, además, graves delitos al PP» añadió. Aquello que se imputaba resultó ser verdad: ¿qué pasó con los delitos graves? Si es que lo eran: no tengo mas formación jurídica que la de todos los españoles, tan valiosa, por el refranero: duda oculta y miedo de pobre. Rajoy tiene la carrera de derecho. Le vuelvo a oir en el «Epílogo» que se ha añadido al DVD «¡Hay motivo!», y ha sido realizado por Diego Galán. Dura seis minutos, y contiene milagrosamente el horror y la vergüenza de cuatro días: la matanza de Atocha y la distorsión del gobierno y sus agentes al culpar a ETA. Sería un delito acusar a quien no lo hizo, pero no se tiene en cuenta nadie porque ETA está condenada por hechos reales. Lo que Rajoy supone delitos graves son la manipulación de las informaciones: a los directores de periódicos de Madrid y Barcelona por el presidente del gobierno; a las embajadas y por tanto a los gobiernos extranjeros; y al pueblo español por ministros y agentes afines. Sea quien sea Aznar, fueran cuales fueran las flasedades que metió en otras informaciones, como la guerra en Irak y sus imaginarias armas atómicas y imposible terrorismo, sean cuales sean los motivos de esta última mentira (y un personaje del documental habla de ganar o perder las elecciones según quien fuera autor), parece que hay obligación de creerle en un asunto trascendental: la necesidad de creer haría mas grave la mentira, y tendría razón su sucesor, Rajoy, al decir que se les imputaban delitos graves. Están impunes. Si fueran delitos, el propio Rajoy estaría incurso, lo cual se aumentaría con su mentira al electorado el «Día de reflexión», que aunque sea una cursilería inutil, es legal. No para los ciudadanos, no para los periodistas: para los candidatos.
El Congreso va a investigar en comisión las responsabilidades políticas, o delitos políticos. Espera a las elecciones europeas para no perjudicar al que sería culpable. ¿Por qué?. No concluirá nada. Rajoy sigue de secretario general, y pide a gritos que se limite en la Camara el poder del partido ganador y se dé al suyo un estatuto especial, y a él el título de «jefe de la oposición», título que no existe. No se nada del delito penal. Quizá tengamos razón los españoles al referirnos, sobre todo, a nuestro refranero y nuestros sainetes clásicos sobre el poder, la justicia y nosotros.